Desde hace más de tres décadas, América Latina viene siendo parte de un proceso impulsado desde los grandes centros de poder económico mundial, que busca achicar al máximo el rol del Estado, abrir las economías a los grandes capitales y transformar a nuestras sociedades en simples proveedoras de recursos y mano de obra barata.

Esta estrategia, conocida como neoliberalismo, no nació aquí. Fue diseñada y promovida desde organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y aplicada con fuerza en nuestra región durante las décadas de 1990 y 2000. En Uruguay, tuvo una expresión clara en los gobiernos del Partido Nacional, primero con Luis Alberto Lacalle y luego con su hijo, Luis Lacalle Pou.

Estos gobiernos impulsaron políticas que buscaron debilitar al Estado: privatizar servicios públicos, reducir el gasto social, eliminar derechos laborales y transformar la educación y la salud en bienes de consumo y no en derechos. El discurso siempre fue el mismo: “el Estado es ineficiente”, “hay que dejar que el mercado resuelva”. Pero lo que realmente resolvieron fue que los sectores más poderosos ganaran más, mientras miles de uruguayos y uruguayas quedaban afuera de lo más básico.

En particular, la gestión de Lacalle Pou profundizó esta lógica, quitando recursos a la educación pública, llevando adelante una reforma jubilatoria injusta y promoviendo una ley (la LUC) que concentró poder y redujo libertades.

Este modelo no es solo un estilo de gobernar. Es parte de un proyecto más grande que busca transformar a nuestras democracias en vitrinas vacías, donde la gente vota, sí, pero sin poder real de decisión, porque las políticas ya vienen marcadas por intereses que están muy lejos de la vida cotidiana de la mayoría.

Y lo más preocupante es que quienes defienden este modelo no respetan las reglas democráticas: atacan a la prensa libre, acusan de enemigos a quienes piensan distinto y utilizan el aparato del Estado para perseguir y dividir.

Lo vemos no solo en Uruguay, sino también en otras partes del mundo: es una nueva derecha que no tiene límites, ni éticos ni institucionales.

Frente a esto, la posibilidad de que la izquierda vuelva a gobernar Uruguay representa algo mucho más importante que un cambio de autoridades. Es la oportunidad de empezar a revertir este proceso, de volver a poner al Estado al servicio de la gente, de reconstruir derechos, de cuidar lo público.

Pero no será fácil. Porque la izquierda respeta las normas, no utiliza el poder para imponer por la fuerza, no desprecia al otro por pensar distinto. La izquierda cree en la democracia como herramienta para transformar la realidad, no como excusa para vaciarla de sentido.

Esto implica que los cambios se harán con responsabilidad, con diálogo, con escucha, y sobre todo, con un profundo respeto por las instituciones y por la gente. Se gobernará con otros valores: solidaridad, justicia social, memoria histórica y compromiso con el bien común. Porque lo que está en juego no es solo un gobierno más. Es la forma en que queremos convivir como sociedad.

¿Queremos un país que proteja a sus ciudadanos, que cuide a sus jóvenes, que respete a sus mayores? ¿O uno donde el éxito de unos pocos justifique el sufrimiento de muchos?

Como docentes, sabemos que educar es también formar ciudadanos críticos, capaces de mirar más allá del discurso fácil. Por eso, tenemos la tarea de ayudar a entender este momento histórico, de explicar con claridad lo que está pasando, de generar reflexión y conciencia. No para imponer ideas, sino para que cada persona pueda decidir con información, con autonomía y con valores.

El Uruguay que soñamos no se construye con odio ni revancha. Se construye con trabajo, con compromiso, con justicia. Y con la certeza de que un país más justo y más humano es posible, si lo hacemos juntos y respetando siempre las reglas del juego.

Aunque otros no lo hagan.

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