La denuncia, presentada por el Dr. Federico Álvarez Petraglia, expone que Farinha, además de su sueldo nominal de $207.852 como Secretario General, cobra $79.480 mensuales como asesor del Congreso de Intendentes desde marzo de 2022 (Búsqueda, 2025).

Por supuesto, semejante acto de malabarismo financiero fue convenientemente omitido en su declaración jurada ante la JUTEP en 2023.

En este nuevo capítulo de la interminable serie de escándalos del Partido Nacional durante este período, cabe preguntarse si la desmedida acumulación de riqueza de sus dirigentes es una preparación para la inevitable sequía de 30 años que históricamente sigue a un gobierno nacionalista. Al fin y al cabo, Farinha, como buen discípulo, ha aprendido rápido en esta danza de sobresueldos, financiada con los impuestos de todos.

Tal vez los docentes, que día a día luchan por formar a las futuras generaciones con escasos recursos, puedan aprender algo de la creatividad administrativa de Farinha. Un auténtico maestro del arte de “no decir toda la verdad”, como lo describe el artículo 239 del Código Penal, que sanciona la falsificación ideológica con hasta 24 meses de prisión (Bayardo Bengoa, 1977).

Pero no se preocupen, estimados amigos, porque la IDP se lava las manos. Según su respuesta al pedido de acceso a la información, Farinha fue designado por ellos mismos al Congreso de Intendentes, asegurando que los \$79.480 que él percibe no provienen directamente de la IDP, sino del Congreso. Un truco digno de Houdini, que deja claro que, en la política uruguaya, la ley está para ser interpretada (o ignorada).

Mientras tanto, la fiscalía de Paysandú tendrá la ardua tarea de investigar este aparente desliz. Porque, al parecer, ser un experto en Derecho Administrativo no incluye recordar que percibir dos sueldos públicos es ilegal.

Para los ciudadanos que pagan sus impuestos puntualmente, esta historia no es más que un recordatorio de que algunos entienden la función pública como un buffet libre, donde la ética y la legalidad son opcionales. Y así, mientras los docentes siguen inculcando valores de honestidad a sus alumnos, los dirigentes parecen enseñar lo contrario: que la ley es solo un obstáculo más en el camino al enriquecimiento personal. Tal vez, si Paysandú hubiera reelegido al compañero Guillermo Caraballo hace cinco años, en medio de una pandemia y con el irrestricto apoyo al intendente Nicolás Olivera de empresarios con profusos antecedentes penales cuyo éxito resulta difícil de explicar, hoy la historia sería distinta.

Pero aún queda esperanza. Como dice el leitmotiv del presidente electo Yamandú Orsi: “que gobierne la honestidad”. Una frase que, sin dudas, muchos sanduceros deberían recordar en mayo.

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