Con un costo proyectado que podría superar los 1.000 millones de dólares en 20 años, Arazatí es una obra monumental que, para algunos, promete progreso, pero para otros, evoca los errores del pasado, como el infame «Banco Pan de Azúcar» del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera.

Aquel episodio, cargado de simbolismo político, terminó manchado por un escándalo de corrupción. La privatización del banco benefició directamente a Julia Pou, esposa del expresidente y madre del actual presidente. Investigaciones revelaron donaciones accionarias y tráfico de influencias, aunque los vacíos legales de la época evitaron condenas.

¿Estamos viendo en Arazatí otro ejemplo de decisiones donde los intereses particulares parecen pesar más que el bienestar común?

Mientras se defiende a capa y espada este proyecto, surge una comparación inevitable con la represa de Casupá, diseñada en 2018 como una reserva estratégica en el Río Santa Lucía.

Con un costo estimado de 50 millones de dólares, Casupá ofrecía una solución sostenible y sin los riesgos asociados al agua del Río de la Plata, como las temidas floraciones de cianobacterias. Sin embargo, este proyecto, ya diseñado y listo para ejecutarse, fue abandonado por el actual gobierno.

La razón oficial sigue siendo un misterio, aunque es fácil imaginar que Casupá, sin contratos millonarios en juego, no tenía el mismo atractivo político.

Arazatí, en cambio, viene con un precio alto para todos: su impacto ambiental en los humedales de la región amenaza una biodiversidad única, y el costo financiero para OSE es abrumador. La empresa estatal deberá desembolsar 37 millones de dólares anuales durante 25 años, lo que compromete sus finanzas y limita la posibilidad de atender problemas urgentes, como el saneamiento en el interior del país. Decenas de localidades continúan dependiendo de pozos negros, mientras los recursos se concentran en una megaobra que parece más diseñada para impresionar que para resolver.

La insistencia en Arazatí, a pesar de las críticas técnicas y las alternativas más económicas y viables, genera preguntas incómodas. ¿Es realmente esta la mejor solución para el país, o simplemente una oportunidad para contratos que Casupá no ofrecía? Arazatí, como el Banco Pan de Azúcar, podría terminar como un legado cargado de dudas, más enfocado en los beneficios de pocos que en el bienestar de muchos.

Mientras tanto, el interior sigue esperando, el Río Santa Lucía ofrece sus recursos ignorados y el país se encamina hacia un proyecto que podría hipotecar su futuro.

Quizás, algún día, aprendamos que el verdadero progreso no está en las obras monumentales, sino en las decisiones sensatas, inclusivas y sostenibles.

Pero, claro, esas no suelen ser las que cortan cintas ni ganan titulares.